Ante los últimos acontecimientos en El Salvador, desde SETEM Navarra-Nafarroa nos preocupamos por la actual situación de crisis política y social y mostramos nuestra solidaridad, haciéndonos eco de las demandas de las organizaciones con las que colaboramos y que son parte del colectivo de FEMINISTAS CONTRA LA MILITARIZACIÓN Y EN DEFENSA DEL ESTADO LAICO.
REPRODUCIMOS AQUÍ SU COMUNICADO:
Desde el movimiento feminista salvadoreño vemos con profunda preocupación los hechos ocurridos este domingo 9 de febrero de 2020, ya que constituyen un retroceso en materia de derechos humanos e injerencia en la independencia de los órganos del estado.
El presidente electo democráticamente Nayib Bukele, realizó un uso desmedido de la fuerza militar y policial para presionar y obligar al órgano legislativo a la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para la ejecución de la tercera fase del Plan Control Territorial, el cual no es de conocimiento público y no ha contado con procesos de consulta con los distintos sectores de la población para su elaboración.
Este hecho muestra la incapacidad de los representantes del órgano ejecutivo y legislativo, para utilizar los mecanismos ordinarios existentes en la toma de decisiones desde el diálogo y el consenso en bienestar de la población en general, sin alterar el orden público, garantizando la independencia de los órganos del Estado.
Por lo antes expuesto expresamos que:
El uso de la fuerzas armadas y policiales en los alrededores y al interior de la Asamblea Legislativa, como no se había visto desde hace 28 años, dan cuenta de una demostración de masculinidad hegemónica, que recurre a las armas y a la fuerza bruta para doblegar a los adversarios, denotando un retroceso en la construcción de la democracia.
En un país donde todavía no se han desarrollado políticas públicas de reparación y justicia restaurativa, y persiste la impunidad frente a los crímenes cometidos durante el con?icto armado, la presencia masiva de militares y policías en las calles y al interior del órgano legislativo constituye no sólo una injerencia y una violación a la independencia de poderes, sino un hecho de revictimización hacia las víctimas y familiares del conflícto armado.
El creciente proceso de militarización que conllevan las “políticas de seguridad”en El Salvador como respuesta al crimen organizado para restablecer el orden, está aumentado y legitimando la violencia hacia las mujeres, la niñez, adolescencia y juventud, especialmente a través de la violencia sexual, el abuso de poder y la represión. Las propuestas llamadas de “lucha contra la inseguridad”, sólo han servido para criminalizar y perseguir a las poblaciones más pobres, a los sectores más vulnerados y despojados de sus derechos.
Históricamente la militarización ha sido sinónimo de persecución, violencia sistemática y dirigida, disciplinamiento a través del miedo y desprotección a manos de las fuerzas represivas del Estado machista y capitalista, donde las mujeres somos el principal objetivo junto a los otros cuerpos que vivimos en los márgenes de las políticas heteronormativas, racistas, clasistas y patriarcales, como es el caso de personas LGTBI, juventudes, población indígena y afrodescendientes, entre otros y otras.
La utilización de recursos religiosos para legitimar el abuso de poder denotan una clara violación al Estado laico.Siendo lamentable que su discurso y práctica esté basada en simbolismos que conllevan retrocesos en materia de derechos humanos.
El llamado a la insurrección sin fundamentos por parte del Presidente de la República, pues no ha existido un peligro de ruptura del orden constitucional, implica un enorme peligro a la democracia y a la cohesión social ya que puede llegar a enfrentar a la población civil entre sí.
Por lo que hacemos un llamado:
Al presidente electo democráticamente, Nayib Bukele, para que rectifíque su accionar cumpliendo con los mecanismos que garantizan el Estado de derecho que tanto ha costado a este país.
A la Corte Suprema de Justicia que a la brevedad posible pueda pronunciarse para garantizar el Estado de derecho.
A la Asamblea Legislativa y al Ejecutivopara que inicien un proceso real de consulta con los diferentes sectores de la población para el desarrollo de una política pública de seguridad y legislen para garantizar la construcción de una cultura de paz y cohesión social, asegurando el respeto a la diversidad desde una perspectiva de género.
A todos los órganos del Estadopara que respeten los principios de laicidad contemplados en la Constitución de la República.
A toda la población salvadoreña para que rescatemos de nuestra memoria colectiva las consecuencias y el sufrimiento que ha conllevado el enfrentamiento social para garantizar que no se vuelva a repetir uniéndonos en contra de la militarización del Estado.
San Salvador, 10 de febrero de 2020
Red Nacional de Colectivas Juveniles Feministas |Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto |Asociación de Jóvenes Feministas Ameyalli |Movimiento de Mujeres de Santo Tomás |Colectivo Casa Abierta | Colectiva Feminista para el Desarrollo Local | Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos | Servicio Social Pasionista | Mujeres Transformando | La Salvadoreñísima | Ni Una Menos El Salvador | Señorita Violencia | Asociación Solidaria para impulsar el Desarrollo Humano | Colectiva Las Incómodas | Movimiento Ecofeminista de El Salvador | Asociación de Mujeres Sindicalistas | Las Febes | Sindicato de Trabajadoras Domésticas | Jóvenes voceras y voceros en Derechos Sexuales y Reproductivos | Feministas independientes | Amanda Libertad Castro | Diana Díaz | Fátima Ortiz | Patricia Girón | Claudia Fuentes.
