El 30 de enero la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, compuesta por organizaciones sindicales y sociales, ha convocado una huelga general.
Con esta huelga la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria se hace eco del llamamiento realizado por el movimiento de pensionistas, que tras dos años de continua y fuerte movilización en las calles, planteó la necesidad de dar un salto cualitativo, incorporando a otros colectivos a esa justa lucha. Defender el sistema público de pensiones, así como el reconocimiento de un sistema propio de relaciones laborales y protección social, exigir una pensión mínima de 1.080 euros o garantizar el poder adquisitvo por ley, es una lucha que atañe tanto a las personas que perciben actualmente una pensión como a las futuras pensionistas.
Además, en esta huelga se plantea la necesidad de tomar medidas que acaben con la precariedad laboral y dignifiquen las condiciones de trabajo. Entre estas medidas se encuentran la reducción de la jornada a 35 horas, el establecimiento de un salario mínimo de 1.200 euros, la eliminación de la brecha salarial o la garantía del empleo y de las condiciones laborales en las subcontrataciones.
También se reclama el reconocimiento de derechos sociales hoy vulnerados, como el acceso a una vivienda de alquiler social o la garantía de la cobertura de todas las situaciones de dependencia por un sistema de servicios sociales público, universal y gratuito. Poner la vida en el centro exige visibilizar, dignificar y garantizar el trabajo de cuidados.
