Quien (NO) desahucia es porque (NO) quiere

22/noviembre/2012 | Noticia

15 de septiembre de 2008. Lehman Brothers quiebra y oficialmente entramos en crisis. Tres semanas después, el 8 de octubre, José Luis Rodríguez Zapatero, con la bendición de los representantes de las principales entidades financieras, anuncia la primera medida de apoyo a la banca: la creación de un fondo con cargo al Tesoro Público de hasta 50.000 millones de euros. La segunda medida llega cinco días más tarde, el 13 de octubre: el Gobierno compromete avales públicos a la banca por un valor máximo de 100.000 millones de euros.

Desde entonces, los instrumentos de rescate al servicio del sector financiero se han ido acumulando. Entre avales, garantías y ayudas públicas hemos llegado a una cifra que superaría los 200.000 millones de euros, más o menos el 20% del PIB de la economía española.

A la par que la crisis del sistema financiero, en 2008 irrumpe con fuerza el drama de los desahucios. Ese mismo año, más de 26.000 viviendas hipotecadas son desalojadas por orden judicial. Sin embargo, contrariamente a lo ocurrido con el sector financiero, las fuerzas políticas mayoritarias ni tan siquiera contemplan en ese momento la posibilidad de consensuar algún acuerdo para hacer frente a esa situación.

La cifra no ha dejado de incrementarse desde entonces, hasta llegar a los casi 60.000 desahucios de 2011. Y eso teniendo en cuenta que hasta ese año las estadísticas únicamente incluían las órdenes de desalojo dictadas por los tribunales superiores de justicia (TSJ). En el primer semestre de 2012, sumando a los desahucios de los TSJ los de los tribunales de primera instancia, ya se habían ordenado 94.502 desalojos. Es decir, con toda seguridad hemos sobrepasado la cifra de 400.000 familias desahuciadas desde el año 2008.

Han pasado cuatro años. Cuatro años desde el inicio de la crisis. Cuatro años desde que se habilitasen de forma urgente, inmediata y con el respaldo de los dos partidos políticos mayoritarios las primeras medidas de rescate del sector financiero. Y, a día de hoy, PP y PSOE mantienen reuniones, todavía sin acuerdo, para buscar algún mecanismo que palíe (decir solucionar sería demasiado) el drama de los desahucios.

Euskadi no es ajena a esta realidad. En el primer semestre de este año se han producido 1.231 desahucios. Y muchas organizaciones sociales ya veníamos denunciando esta situación desde hacía mucho tiempo.

Bajo el título “Las cajas de ahorros vascas: análisis de impactos sociales y medioambientales”, SETEM presentó a finales de 2011 una investigación que destapaba prácticas controvertidas de BBK, Kutxa y Caja Vital antes de su inminente fusión. En el marco de esa investigación, ninguna de las tres entidades dio información sobre medidas específicas destinadas a hacer frente a la problemática de las ejecuciones hipotecarias, los desahucios y la dación en pago. Ahora Kutxabank, tras el suicidio de una mujer en Barakaldo el pasado 9 de noviembre y fruto únicamente de la presión social, declara que suspende de manera inmediata todos los procesos de desahucio.

Sin embargo, nuestro informe ya denunciaba que las cajas de ahorros vascas, “al igual que otras entidades financieras, estimuladas por la ausencia de controles públicos, incentivaron la concesión casi indiscriminada de créditos hipotecarios. En este contexto, llegó a financiarse hasta el 120% del valor de las nuevas viviendas, con cuotas que podían pagarse en 40 e incluso 50 años. Así, centenares de personas afectadas directas relataron cómo las cajas actúan con la misma contundencia que los bancos a la hora de reclamar el pago de las cuotas hipotecarias, sin distinguir el contexto ni las situaciones personales”.

Además de los desahucios, la investigación publicada por SETEM mostraba otros impactos negativos. A través de su participación en empresas como Repsol, Petronor, Iberdrola o Inverlur, BBK y Kutxa se hacían corresponsables de graves vulneraciones de derechos sociales y medioambientales, tanto en países empobrecidos, como Perú, Argentina o Brasil, como en nuestro entorno más cercano (contaminación de la costa vizcaína, casos de corrupción urbanística en Málaga o de construcción en zonas protegidas de Murcia). Igualmente, apuntábamos en ese informe la participación de Kutxa, BBK y Caja Vital en empresas que fabrican armamento, tales como CAF, Amper, Ibérica del Espacio o RYMSA. En la misma línea, reprobábamos la participación de las cajas de ahorros en empresas que cuentan con numerosas sociedades en paraísos fiscales.

Con anterioridad, SETEM había desvelado también la implicación financiera y económica de 14 bancos españoles en 19 de las principales empresas fabricantes de armas controvertidas y prohibidas que causan cientos de miles de muertes de civiles en todo el mundo. Entre esas armas se incluía el armamento nuclear, de uranio empobrecido y armas prohibidas como las armas químicas, biológicas, las bombas de racimo y las minas antipersonas.

No obstante, además de señalar al sistema financiero y a los representantes políticos, no debemos olvidar que, por mucho que nos indignemos, si al elegir banco sólo nos fijamos en los tipos de interés, seguiremos siendo parte del problema.

Por el contrario, hoy podemos ser parte de la solución. Hoy mismo podemos consumir productos financieros de forma responsable. Hoy tenemos a nuestro alcance una banca que actúa con criterios éticos y que, no sólo evita impactos negativos, sino que produce efectos positivos en su entorno. Es una banca solvente, transparente y participativa. Una banca segura que invierte en la economía real y que está al servicio de las personas. Una banca que existe, en la que ya están implicadas decenas de miles de personas. Con esa banca no estaríamos donde estamos ahora. Pero lo más importante, con una banca semejante es posible salir con paso firme y seguro de este lodazal.

 

Por Alberto Cereijo. Director de la ONGD SETEM Hego Haizea