Nos enfrentamos a escala planetaria a desafíos como el cambio climático, la explotación extrema de personas y recursos y el incremento de la precariedad y las desigualdades. Unos retos sobre los que se puede actuar tanto a nivel local como global. Pero, ¿cómo?
Los datos son apabullantes: más de 685 millones de personas viviendo en la pobreza extrema, 160 millones de niñas y niños obligados a trabajar y cerca de 50 millones de seres humanos en situación de esclavitud. Por lo tanto, es necesario un cambio en el modelo económico y empresarial que queremos recordar con motivo de la celebración en el mes de mayo del Día del Comercio Justo.
Pero, ¿cómo puede contribuir el Comercio Justo? Desde su origen en los años 60, esta forma de entender la producción y la distribución ha generado importantes cambios sociales en las comunidades donde está presente. Así ha demostrado su impacto en la generación de medios de vida sostenibles para más de 3 millones de personas que trabajan en las más de 2.100 organizaciones productoras de todo el mundo.
Una transformación posible que asegura laestabilidad de ingresos para los trabajadores y trabajadoras y salarios dignos sin discriminación de género, a través de precios justos por su producción y condiciones laborales adecuadas.
También permite la asociación sindical y la negociación colectiva, algo que en muchos países todavía está prohibido, y favorece la participación de los trabajadores y trabajadoras en las decisiones de su organización. Además, el Comercio Justo prohíbe la explotación laboral infantil.
Por otro lado, promueve prácticas productivas que protegen el entorno natural, el cuidado de suelos, bosques y el uso responsable del agua, lo que, entre otros aspectos, asegura la sostenibilidad de las organizaciones agrícolas a medio-largo plazo y contribuye a la vida de las comunidades rurales.
Pero para que estas prácticas se extiendan es necesario un cambio de modelo económico. ¿Qué demandas se están realizando a la Administración para avanzar en que el Comercio Justo sea la norma, no la excepción?
A nivel nacional y local sería necesario incluirlo en la futura Ley de Economía Social, que se apoye la Compra Pública Ética y que se incida en la aplicación de la normativa de debida diligencia para las empresas, que ya ha sido aprobada por el Parlamento Europeo.
Es el momento de aprobar medidas que cumplan los ODS y especialmente, el objetivo 12, relativo a la “producción y consumo responsables”. El Gobierno central está preparando una Ley de Consumo Sostenible y una Ley Integral para el Impulso de la Economía Social que deberían ir más allá de los mínimos europeos. Se trata de una oportunidad única para promover un comercio en el que importe el valor y no sólo el precio.
Respecto a las compras públicas, estas representan el 14% del PIB de los países de la Unión Europea, por lo que su potencial de influencia es enorme para generar un impacto social y medioambiental positivo. Citaremos solo algunos ejemplos: que los productos de Comercio Justo se utilicen en los comedores de escuelas, universidades y hospitales públicos o que estén presentes en las máquinas de vending de los centros públicos.
De ahí que, desde la Coordinadora Estatal de Comercio Justo de la que SETEM forma parte, solicitemos una legislación con las siguientes medidas:
- Exigir a las empresas desarrollar e implementar los planes de debida diligencia.
- Cadena de valor: aplicarse en la totalidad de la cadena global de valor siguiendo los estándares internacionales (OCDE y Principios Rectores de Naciones Unidas) y teniendo en cuenta el conjunto de relaciones comerciales.
- Sector financiero: ampliar la lista de sectores considerados de alto riesgo en materia de diligencia debida, como las instituciones financieras y bancarias.
- Sanciones: Acompañar la anterior obligación con un sistema disuasorio de infracciones y sanciones para el caso de su incumplimiento total o parcial.
- Responsabilidad civil: Responsabilizar a las empresas de los daños que ellas o las entidades que controlan hayan causado o contribuido a causar, por actos u omisiones en su obligación de actuar diligentemente.
- Autoridad pública: Designar una autoridad pública independiente, que rinda cuentas y esté dotada de un mandato claro, así como de suficientes recursos financieros y personales.
- Acceso a la justicia: impulsar la eliminación de las barreras legales para el acceso de las víctimas a la justicia.
De esta forma lograremos avanzar en un modelo de producción y consumo más razonable y justo, pensado en las personas y el planeta, que beneficie a todas y todos.
¡Porque el Comercio Justo le sienta bien a todo el mundo!
