Por respeto a los pueblos del Sur, por la transparencia, calidad y dignidad de la cooperación al desarrollo y por respeto a la ciudadanía valenciana.
Valencia, 14 de abril de 2011. Las informaciones aparecidas estos últimos días en referencia al Informe especial de la Sindicatura de Comptes sobre la revisión de los expedientes G001/2008 y G002/2008 de ayudas a la cooperación de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, realizado a petición de les Corts Valencianes, abren interrogantes sobre los procesos seguidos por la Consellería tanto en el proceso de adjudicación de las ayudas como en la justificación de las mismas.
Las irregularidades que se reflejan en el informe emitido por el Sindic, incluido el voto particular del síndic Antonio Mira-Perceval, son de diferente naturaleza. Por una parte se cuestiona la propia adjudicación de los proyectos en su fase de concurso, ya que la Fundación Cyes se presentó a la convocatoria de Grandes Proyectos, la cual según las propias bases implica la necesaria presentación a concurso de una candidatura en red, lo que no fue el caso. Otra de las irregularidades detectadas en esta primera fase hace referencia al porcentaje del total de las ayudas de las partidas dedicadas a adquisición, construcción y reforma de inmuebles, ya que el 64% de estos gastos se iban a realizar en la Comunidad Valenciana lo que de nuevo incumple las bases de la convocatoria.
Por otra parte y en cuanto a la justificación de los gastos, el informe apunta que no se realizó una comprobación “in situ” que verificara que tales gastos se produjeron y que el proyecto cumplió con los objetivos que tenía previstos en su formulación, por lo que sería conveniente una evaluación externa independiente.
Teniendo en cuenta estas apreciaciones desde la Coordinadora Valenciana de ONGD consideramos de suma importancia la realización de una evaluación externa e independiente que verifique el desarrollo de las labores que se debían haber llevado a cabo en Nicaragua; tanto por respeto a la población beneficiaria del proyecto como por criterios de transparencia y veracidad de las acciones de cooperación.
Por otra parte y en esta misma línea es importante destacar una cuestión a la que no se hace referencia en este informe, que es la de los movimientos y transacciones bancarias que deberían ser presentadas en compañía de las facturas para evidenciar los gastos producidos en terreno. Por ello creemos que la evaluación externa debería acompañarse en este caso de una auditoria de la cuenta del proyecto.
La crisis actual, que ha recortado sobremanera la Ayuda Oficial al Desarrollo, debería ser un acicate para que los proyectos que se aprueben presentados a convocatorias públicas sean los de mayor calidad y aquellos efectuados por instituciones con competencia y experiencia en la materia. Por otra parte en proyectos de una magnitud económica como los aquí citados, que superan el millón de euros, una evaluación externa independiente debería ser imprescindible, tal y como se recoge en las bases.
Este caso abierto revela, una vez más, que la crisis por la que estamos pasando no es solo económica, sino también de valores. Por ello, desde la CVONGD queremos destacar el compromiso y la experiencia de la mayoría de las ONGD con trayectoria, y al mismo tiempo hacer un llamamiento a las administraciones públicas y a determinadas ONGD para que recuerden para qué y para quienes trabajamos.
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